RED DE MEDIOS DE LOS PUEBLOS
DECLARACIÓN PÚBLICA
POR EL DERECHO A LA COMUNICACIÓN
Agosto 2009
Ante la arremetida de denuncias interpuestas por la Asociación Chilena de Radiodifusores (ARCHI), en contra de emisoras comunitarias en la V región y en la región del Biobío, declaramos:
Nuestro completo rechazo a la persecución en contra de Radio Placeres de Valparaíso, el cierre y decomiso de equipos de las radios Montedónico 2000, radio UV 15, Radio Conexiones, Radio Renacer de Lota, ya que se vulnera el derecho a la comunicación que todos y cada uno de los ciudadanos tiene en Chile, asi como la Libertad de Expresión que debiera garantizar la democracia.
La inconsistente acción del Estado, que con una mano reprime a las radios que por las injusticias del sistema de concesiones se han visto discriminadas en el acceso a las frecuencias, mientras con otra mano aprueba en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de radios comunitarias que no soluciona el fondo del problema de la distribución democrática del espectro radioeléctrico.
Manifestamos nuestro apoyo irrestricto a todos los medios de comunicación popular, independientes, alternativos y comunitarios que estos últimos meses se han visto amenazados o perseguidos por
denuncias de particulares en los tribunales de justicia: Radio Sin Tierra de Villa La Reina, ND TV, Canal de TV Comunitaria de Malloco, Umbrales TV, Canal de TV Popular de Villa Francia, Radio La Voz de Estación Central, Radio 1° de Mayo de Pedro Aguirre Cerda, entre otros.
La Red de Medios de los Pueblos exige al estado chileno, un marco legal que permita la libertad de expresión de los movimientos sociales, organizaciones de base y reivindicaciones ciudadanas,
mediante una administración justa y equitativa que garantice el acceso a la propiedad de los medios al sector privado, público y social- comunitario.
De los países de América Latina, Chile es el estado con una de las peores regulaciones con respecto a medios comunitarios y a las garantías que todo ciudadano y ciudadana tiene de informar y ser
informado de forma objetiva. Durante todos estos años de camino a la democracia, nuestro país ha legislado en materia de comunicaciones con los actores privados sentados a la mesa, lo que da cuenta de la
marginación que han tenido actores sociales y movimientos ciudadanos del debate sobre la propiedad de los medios.
Demandamos el cese de las denuncias de privados en contra de radios comunitarias, la devolución de equipos que pertenecen a las comunidades afectadas y el respeto del derecho a la comunicación en el
territorio nacional.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN EL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO
POR EL DERECHO A LA COMUNICACIÓN.
RED DE MEDIOS DE LOS PUEBLOS
Radios comunitarias: El Estado calla y acalla
Tras imprimirle el Ejecutivo el 29 de julio recién pasado suma urgencia a su tramitación, el martes 4 de agosto las comisiones -unidas- de Obras Públicas y Libertad de Expresión aprobaron el proyecto de ley que crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana. Según el presidente de esta instancia parlamentaria, el diputado PPD Patricio Hales, se trata de “un proyecto fundamental para la sociedad, ya que no puede haber una sociedad democrática si no es capaz de fortalecer la base social y sus organizaciones”.
Por eso resulta del todo paradójico, o más bien contradictorio, que ese mismo día el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago formalizara a Fidel Galaz, representante legal de Radio Sin Tierra de Villa La Reina, por la transmisión de señales radiofónicas sin tener las licencias correspondientes; arriesgando por ello pena de cárcel, altas multas y la incautación de todos sus equipos.
Es decir, mientras un poder del estado avanza en subsanar por la vía de la legislación la falta de equidad en el acceso al espectro radiofónico y en reconocer el aporte de estos medios a la construcción democrática, entregándoles incluso fondos para su desarrollo; otro, el poder judicial, deja caer sobre estos medios todo su poder punitivo acallando sus voces.
Se argumentará que aquí se ha infringido la ley, lo cual es cierto, específicamente el artículo 36 b de la Ley General de Telecomunicaciones (N°18.168), que penaliza como autor de delito de acción pública a todo aquel que “opere o explote servicios o instalaciones de telecomunicaciones de libre recepción o de radiodifusión sin autorización de la autoridad correspondiente, y el que permita que en su domicilio, residencia, morada o medio de transporte, operen tales servicios o instalaciones”.
Pero lo cierto es que no ha estado en la intensión de estas radios violar la ley, sino que han sido forzadas a hacerlo, enfrentadas a un espectro radial excluyente que desde hace años permanece virtualmente inamovible. Por eso, si bien muchas de ellas han intentado acceder a una concesión de transmisión, en la práctica no se abren nuevos espacios de licitación y persiste “una legislación muy poco permisiva, que da pocas facilidades a su existencia”, como lo reconoce el propio Hales.
Una legislación, por lo demás, heredada de la dictadura y que en su momento tuvo el claro propósito de silenciar a las voces disidentes, a la voz amplificada del pueblo por estas antenas. Ya que la Ley General de Telecomunicaciones fue publicada en el diario oficial el 2 de octubre de 1982, es decir, cuando se masificaban las jornadas de protesta contra el régimen militar frente a sus violaciones a los derechos humanos y a la agudización de la crisis económica.
Al caso de Radio Sin Tierra se suman, hasta ahora, los de radios Conexiones y Renacer, en la octava región, y de Radio Galactika en San Antonio, todas acusadas por el mismo artículo 36 B. El operativo desplegado por la brigada del Ciber Crimen de la PDI en Valparaíso la semana pasada, debido a la querella interpuesta por el concejal independiente UDI, propietario de Radio Congreso y presidente regional de Asociación Chilena de Radiodifusores (ARCHI), Eugenio González, procedimiento que culminó con la incautación de equipos a Radio Montedónico 2000 y UV 15, de un listado cercano a las 40 emisoras que serían clausuradas. También al hostigamiento y amenazas sufridos por radios La Voz de Estación Central y 1º de Mayo de Pedro Aguirre Cerda, entre otras.
Todos estos hechos no son aislados, aunque tras ellos hay intereses distintos. Por una parte comerciales, en un país con una de las mayores concentraciones en la propiedad de medios de comunicación en América Latina, intereses que quieren seguir manteniendo el control económico que tienen sobre el espectro radial; políticos, en un año electoral que agudiza el debate; y gremiales, liderados por ARCHI ante el avance del proyecto de ley recién aprobado. Pues debe llamar al menos la atención que llevando años e incluso décadas, algunas de estas radios transmitiendo, recién ahora se utilice contra ellas una ley que tiene más de 25 años de vigencia. Y es que aprobada como Ley, este proyecto de radiodifusión comunitaria ciudadana, ésta deberá regularizar la situación de todas las emisoras que estén transmitiendo. Las que queden a esa fecha.
Y qué hace el Ejecutivo - tercer poder del estado - ante esta campaña de silenciamiento, que vulnera el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión que debiera garantizar toda democracia: simplemente calla y acalla.
Calla, cuando como Poncio Pilato se lava las manos, incumpliendo su deber de evitar la vulneración de estos derechos fundamentales.
Y acalla, pues las leyes no salen de un texto bíblico y su interpretación está lejos de ser una profecía, sino una decisión politica que en este caso concluye en el hostigamiento y la represión de quienes detractan de su labor. Pero acallar las voces de los que piensan distinto, por razones reglamentarias o como quiera argumentárselas, termina siendo una acción impugnable que socava precisamente lo que la acción del estado debe fortalecer: “la pluralidad informativa en el territorio nacional” (art. Nº1, Ley de Prensa) y por ende un espacio para la expresión de esta diversidad de voces.
Restringir este espacio, resta valor a la toma de decisiones, a la participación ciudadana y se debilita a la postre la democracia.
Y es que democracia no es solo votar, sino construir ciudadanía. Una ciudadanía informada, crítica, diversa en su composición y en las identidades que expresa.
por Paulina Acevedo Menanteau
Periodista, Comunicadora en Derechos Humanos
Observatorio Ciudadano
El Ciudadano
Red de Medios de los Pueblos
Radio Universidad de Chile renuncia a la Archi
12 de agosto de 2009
A través de una carta enviada por el director Juan Pablo Cárdenas, Radio Universidad de Chile comunicó la decisión de retirar a esta emisora como integrante de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI).
Esta decisión, según la misiva enviada al presidente de la ARCHI, Luis Pardo, se sustenta en la persecución legal y policial manifestada en contra de un conjunto de radios comunitarias del país a quienes se les impide o restringe el libre ejercicio de la libertad de expresión.
En el documento se explica que, si bien son atendibles las razones que puede tener ARCHI para reclamar la aplicación de la Ley, nuestra radio no puede hacerse de esta posición corporativa siendo, como medio, partidarios del uso más amplio posible del espectro radiofónico y del reconocimiento de medios que son un aporte fundamental a la diversidad informativa en nuestro país. Además, tomando en cuenta que esta emisora pertenece a una entidad universitaria, del ámbito estatal y sin fines de lucro.
“Al desafiliar a nuestra emisora de la ARCHI, debo testimoniarle nuestra gratitud por todas las atenciones y consideraciones de este organismo con nosotros, confiado en que usted y la directiva que preside sabrán atender nuestras razones” finaliza la carta.
